"FOBAPROA" azucarero (vía PRIAN)

Es la historia de un "rescate" más al sector privado con recursos públicos: el 3 de septiembre de 2001 el gobierno foxista expropió 27 ingenios azucareros, casi la mitad de los existentes en el país, propiedad de cuatro grupos empresariales. Los entonces secretarios de Hacienda, Agricultura, Contraloría (hoy SFP) y Economía, los cuatro tristes tigres Gil Díaz, Usabiaga, Barrio y Derbez, justificaron la acción, porque "de no actuar así se habría incurrido en una enorme irresponsabilidad del gobierno".

Dijeron que el "saneamiento de los ingenios tendría un costo de entre mil y 3 mil millones de pesos" (aunque el talentoso Usabiaga consideró que "no es precisamente un gasto"), pero en el exceso el entonces subsecretario de Hacienda, Agustín Carstens, se animó a decir que con tal expropiación "la sociedad no pagará nada"; de hecho, sostuvo, "se podría decir que es una operación con precisión quirúrgica".

Y Gil Díaz remataba: "dudo mucho que al final del proceso tengamos que pagarle algo a algún accionista de estos ingenios. Por el contrario, buscaremos que paguen sus adeudos". Además, "esos consorcios "se reprivatizarán en un plazo no mayor a 18 meses".

Transcurrieron no 18 meses, sino cinco años y medio, y la situación actual dista diametralmente de la idílica versión difundida por los cuatro tristes tigres, y más allá del juramento hipocrático del doctor Carstens, la realidad es dramática y el costo creciente, obvio que a costillas de los mexicanos, como en tantos otros "rescates", en la vieja práctica de socializar pérdidas y privatizar ganancias.

En realidad, el nuevo "rescate" de los barones del azúcar no costó un peso, sino 15 mil 591 millones (hasta 2005). Así lo reporta la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública 2005:

El costo fiscal por la expropiación, al 31 de diciembre de 2005, sumó 15 mil 591 millones de pesos, aplicados a la operación de las unidades expropiadas; por los pasivos de Financiera Nacional Azucarera (Fina) y de los ingenios propiedad del gobierno federal, así como para indemnizar a los ex propietarios de cuatro ingenios. A esa cantidad se agrega el costo de la indemnización de los nueve ingenios que causaron estado con el decreto de expropiación.

Las revisiones de la ASF sobre el sector azucarero y en particular sobre el decreto de expropiación dejan claro que el Poder Judicial de la Federación no encontró probadas las causas de utilidad pública invocadas en el decreto expropiatorio del 3 de septiembre de 2001; tampoco el beneficio de la colectividad. En realidad, el decreto contravino las garantías de legalidad y audiencia previstas en la Constitución. El Poder Judicial de la Federación no encontró un estudio formal que demostrara que los ingenios contrajeron grandes deudas y que éstas fueran consideradas prácticas indebidas, y menos que hubieren afectado al sector azucarero, como argumentó el gobierno foxista. En conclusión, la autoridad juzgadora procedió a conceder el amparo y protección de la justicia a 14 de los 25 ingenios que promovieron juicio de amparo.

El decreto expropiatorio fue una medida coyuntural; no se dirigió a la raíz de las causas de la sobreproducción y déficit cíclicos, ni a los problemas de financiamiento y modernización; por el contrario, se retomó el círculo vicioso de rescatar, sanear y volver a privatizar, con lo que se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. El gobierno requiere enajenar los ingenios lo más pronto posible para evitar costos fiscales adicionales para la sociedad.

El Estado ha rescatado, por causas de utilidad pública, los ingenios, los ha vuelto a privatizar y los ha vuelto a rescatar, en un círculo vicioso que parece no tener solución; ha creado instituciones con objeto de ordenar la industria, las ha liquidado por su falta de efectividad y las ha vuelto a crear, para insistir en nuevas formas de operación que tampoco han sido efectivas; ha controlado los precios y los ha liberado.

Los 27 ingenios expropiados han reflejado pérdidas en todos los años, principalmente por los impactos de los pasivos contraídos antes de la expropiación. Por el ejercicio fiscal de 2005, 23 de los 27 ingenios reflejaron una pérdida neta de 16 mil 557 millones, que en comparación con las del año anterior reflejan un incremento de 917.4 por ciento. Esta pérdida se debe al reconocimiento contable del avalúo del activo fijo que practicó el INDAABIN en nueve de los 23 ingenios; al reconocimiento de los adeudos con la Comisión Nacional del Agua, anteriores a la expropiación, y a los intereses y la pérdida cambiaria proveniente de créditos contraídos antes de la expropiación.

De los 27 ingenios expropiados, 14 obtuvieron resolución judicial favorable; a nueve se les negó la protección de la justicia de la Federación, y por lo tanto ya son propiedad del gobierno federal. Por lo que respecta a los cuatro restantes, tres de ellos se encuentran en proceso de venta por el SAE, y el otro fue enajenado a título oneroso. Los grupos privados involucrados son: Azucarero México (presidido por Juan I. Gallardo Thurlow, uno de los negociadores del TLC), Machado (Teresita Machado), Santos (Alberto Santos de Hoyos, ex senador priísta de la República) y Consorcio Azucarero Escorpión (del defenestrado Enrique Molina Sobrino, fugaz multimillonario Forbes y financiero de Salinas de Gortari).

El 28 de noviembre de 2000 se publicó el decreto por el que se autorizó la disolución y liquidación de Fina debido al deterioro de su salud financiera, provocada, entre otras causas, por el Programa de Reestructuración Integral del Sector Azucarero ("rescate" de Zedillo). Al 31 de diciembre de 2001, 36 ingenios azucareros mantenían adeudos con Fina por 17 mil 533 millones de pesos, de los que 88.6 por ciento correspondía a los ingenios expropiados. Cinco años después, la cartera crediticia de Fina ascendía a 19 mil 298 millones, todos de los ingenios expropiados.